Piden a la SCJN proteger derechos indígenas ante expansión porcícola en Yucatán
Comunidades mayas y organizaciones piden a la SCJN frenar afectaciones y garantizar consulta indígena en la regulación de granjas porcícolas en Yucatán.
Por Redacción
Ciudad de México, 14 de mayo de 2026.– Comunidades mayas, organizaciones civiles y personas defensoras de derechos humanos solicitaron a ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver a favor de la protección de los derechos de los pueblos indígenas en el caso del amparo en revisión 451/2025, relacionado con la expansión de la industria porcícola en Yucatán.
El asunto revisa la constitucionalidad de la Norma Técnica Ambiental NTA-001-SDSD-22, emitida por la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán, que regula la operación de granjas porcícolas en la entidad.
Las comunidades señalaron que dicha norma fue publicada sin un proceso de consulta previa, libre e informada a pueblos mayas, lo que consideran una vulneración a sus derechos colectivos.
De acuerdo con el posicionamiento, la expansión de la industria porcícola ha generado impactos ambientales y sociales en la región, incluyendo afectaciones al agua, al territorio y a la salud comunitaria.
El caso fue impulsado mediante un juicio de amparo promovido por integrantes del Consejo Maya del Poniente Chikin Ja y Kanan Lu’um Mo’, con acompañamiento de Kanan Derechos Humanos.
Las organizaciones señalaron que el Poder Judicial Federal en Yucatán desechó inicialmente la demanda, por lo que el asunto fue recurrido y posteriormente atraído por la Suprema Corte.
Asimismo, advirtieron que la norma continúa aplicándose en la entidad pese al litigio en curso.
Las comunidades y organizaciones pidieron a la Corte establecer criterios claros sobre consulta indígena como requisito obligatorio en la regulación, apertura y operación de granjas porcícolas, así como reconocer la legitimidad de los representantes comunitarios en la defensa de sus derechos colectivos.
Finalmente, hicieron un llamado a la Suprema Corte para emitir una resolución que garantice la protección de los pueblos mayas frente a la expansión de la industria porcícola en la Península de Yucatán.
