Se lava las manos Sayda Rodríguez; asegura que Las Dunas se autorizó en la actual administración
La exsecretaria de Desarrollo Sustentable negó haber otorgado permisos al proyecto inmobiliario de Chuburná Puerto y afirmó que la autorización corresponde al actual gobierno, mientras la Profepa mantiene clausuradas las obras por daños ambientales e irregularidades detectadas durante una inspección.
Por David Rico
Mérida, Yucatán, a 4 de agosto de 2026.- En medio de la polémica por el proyecto inmobiliario Las Dunas, en Chuburná Puerto, la diputada local Sayda Rodríguez Gómez buscó deslindarse de cualquier responsabilidad por las autorizaciones del desarrollo y sostuvo que, durante su gestión al frente de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), no se otorgaron los permisos que hoy mantienen al proyecto bajo el escrutinio público.
La exfuncionaria aseguró que la autorización del desarrollo fue emitida durante la actual administración y reiteró que se trata de un permiso de competencia federal.
“La autorización es federal… Yo supongo, porque desconozco el expediente, que fue dada en esta administración”, declaró al ser cuestionada sobre los señalamientos en su contra.
Rodríguez Gómez explicó que la participación de la SDS se limitó a emitir una opinión técnica como parte del procedimiento de evaluación, al responder la consulta realizada por la autoridad federal con base en los programas de ordenamiento territorial vigentes.
“No te puedo decir qué permisos se dieron en toda la administración. En este caso, la autorización es federal y la Secretaría únicamente fue consultada”, afirmó.
La legisladora insistió en que desconoce el expediente y evitó pronunciarse sobre el fondo del proyecto o las afectaciones ambientales señaladas por autoridades y organizaciones ciudadanas.
“No he ido al sitio y tampoco por fotografías vale la pena generar una opinión. Hay que conocer el lugar para poder evaluar”, respondió.
Incluso, al ser cuestionada sobre la clausura impuesta por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), señaló que cualquier postura de su parte sería una opinión sin contar con todos los elementos de información.
Las declaraciones ocurren luego de que la Profepa ordenó la clausura temporal total de las obras del complejo turístico al detectar afectaciones a flora protegida por la NOM-059-SEMARNAT, incumplimientos a condicionantes de las autorizaciones ambientales y forestales, irregularidades en el manejo de residuos derivados del desmonte y la remoción de vegetación en una superficie aproximada de 1.3 hectáreas.
El caso ha provocado una fuerte movilización social. Habitantes de Chuburná Puerto, ambientalistas y el colectivo Salvemos las Dunas han denunciado que el desarrollo pone en riesgo un ecosistema costero considerado clave para la protección natural frente a huracanes y para la conservación de especies nativas.
La polémica también ha abierto el debate sobre la ruta de autorizaciones que permitió el avance del proyecto, pues aunque el permiso ambiental corresponde a la Federación, durante el procedimiento participan dependencias estatales mediante opiniones técnicas y de compatibilidad con los programas de ordenamiento territorial.
Con sus declaraciones, Zayda Rodríguez intenta desmarcarse de una de las controversias ambientales más relevantes de los últimos meses y traslada el foco hacia las autorizaciones emitidas durante la actual administración, mientras continúan las investigaciones federales sobre las afectaciones al ecosistema de dunas de Chuburná Puerto.
