Tibia postura de CODHEY ante caso Ixil; expresa “preocupación” pero evita acciones concretas
Pese a reconocer posibles actos de criminalización contra defensores comunitarios, la comisión se limitó a exhortar a “mantener la vigilancia institucional y social”, sin anunciar investigaciones ni acciones concretas.
Por David Rico
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) emitió un posicionamiento sobre la vinculación a proceso de Cecilio Cisneros y Guillermo Yam, integrantes de la comunidad originaria de Ixil, así como de Sergio Oceransky, director de Fundación Yansa, acusados por presunto despojo de terrenos. Sin embargo, el pronunciamiento fue considerado tibio debido a que la comisión únicamente manifestó “preocupación” por el caso y evitó anunciar acciones concretas.
En el documento, la CODHEY recordó que la defensa de los derechos humanos es una actividad protegida por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Secretaría de Gobernación. Asimismo, sostuvo que las personas defensoras del territorio, comunidades organizadas y activistas deben contar con garantías para realizar su labor sin intimidaciones ni represalias.
La propia comisión reconoció que, como parte del monitoreo que mantiene junto con instancias internacionales sobre el derecho a defender derechos humanos en Yucatán, ha identificado preocupaciones relacionadas con posibles actos de criminalización de la protesta social, la defensa del territorio y la libertad de expresión, en un contexto marcado por racismo sistémico y lógicas extractivistas impulsadas desde estructuras de poder económico.
También retomó criterios de la CIDH respecto a que el Poder Judicial no debe convertirse en una herramienta para inhibir o intimidar a personas defensoras de derechos humanos. Incluso señaló la necesidad de que jueces y autoridades cuenten con capacitación especializada y realicen análisis contextuales con enfoque intercultural y antirracista, como ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
No obstante, pese a reconocer públicamente ese contexto de riesgo y criminalización, la CODHEY no informó sobre la apertura de investigaciones, medidas cautelares, observación directa del proceso judicial ni mecanismos específicos de acompañamiento a las personas procesadas. Su principal exhorto fue “mantener la vigilancia institucional y social”, una postura que quedó lejos de asumir un papel más activo frente a un caso que involucra a defensores comunitarios y organizaciones ambientales.
El posicionamiento pareció limitarse a fijar una postura institucional sin confrontar directamente a autoridades o intereses económicos vinculados al conflicto, aun cuando el propio comunicado advierte sobre dinámicas de presión y desigualdad estructural.
Finalmente, la comisión reiteró su compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos en Yucatán y recordó que el Estado mexicano está obligado a cumplir las recomendaciones y sentencias internacionales en la materia.
