SCJN atrae casos mayas por defensa del agua, territorio y naturaleza
Los tres asuntos de Yucatán y Campeche plantean a la Corte reconocer derechos bioculturales, proteger ecosistemas vulnerables y definir el papel de las comunidades indígenas como guardianas de la naturaleza.
Por Redacción
Mérida, Yucatán, a 9 de julio de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió atraer tres casos promovidos por comunidades mayas de Yucatán y Campeche relacionados con la defensa del agua, el territorio y la biodiversidad, al considerar que los asuntos plantean temas constitucionales relevantes para la protección de los pueblos indígenas, la justicia ambiental y los derechos de la naturaleza.
La decisión fue informada por el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes y el Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal A.C., organizaciones que acompañan los procesos legales, quienes señalaron que la determinación del Pleno de la Corte representa un avance para las comunidades que defienden sus territorios frente a riesgos ambientales.
Los tres expedientes que serán revisados por la SCJN tienen como origen conflictos en Homún, Yucatán, por la expansión de la industria porcícola dentro de la Reserva Geohidrológica Anillo de los Cenotes, y en Hopelchén, Campeche, por las afectaciones a la apicultura maya asociadas al uso de plaguicidas.
La Corte analizará si estos asuntos permiten establecer nuevos criterios sobre el reconocimiento de derechos bioculturales, la protección jurídica de ecosistemas y especies, así como el papel de los pueblos indígenas como guardianes de la naturaleza.
El Anillo de los Cenotes y la defensa del agua maya
Uno de los casos, identificado como SEFA 223/2026, surge de la lucha del pueblo maya de Homún contra la expansión de la industria porcícola dentro del Anillo de los Cenotes, una de las principales reservas de agua dulce de la península de Yucatán.
Las comunidades solicitan que este sistema integrado por cenotes y acuíferos sea reconocido con personalidad jurídica propia, al considerar que se trata de un ecosistema altamente vulnerable por las características del territorio kárstico y cuya protección está vinculada con la vida comunitaria, la cultura y la identidad del pueblo maya.
De acuerdo con los argumentos presentados por las comunidades, en esta reserva operan alrededor de 352 granjas porcícolas, cuya actividad y posible crecimiento representan riesgos para la calidad del agua, la biodiversidad y el equilibrio ecológico.
Para las comunidades mayas, los cenotes no son únicamente cuerpos de agua, sino espacios relacionados con su historia, espiritualidad, conocimientos tradicionales y prácticas culturales que forman parte de su patrimonio biocultural.
Megagranja porcícola y derechos de la niñez maya
El segundo asunto, identificado también como SEFA 224/2026, deriva del conflicto por la instalación y operación de una megagranja porcícola de la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO) dentro del Anillo de los Cenotes.
El caso fue impulsado por niñas, niños y adolescentes de Homún, quienes desde 2018 obtuvieron una suspensión contra el proyecto, convirtiéndose en uno de los litigios ambientales más representativos del país.
Ahora, la SCJN analizará si la autorización, instalación y operación de la granja vulneran derechos humanos como el acceso al agua, el derecho a un medio ambiente sano, la salud, la identidad cultural, la libre determinación del pueblo maya y el interés superior de la niñez.
Además, el tribunal deberá definir criterios sobre la protección reforzada que debe existir cuando una actividad pueda provocar daños ambientales irreversibles en ecosistemas vulnerables.
La abeja melipona y el patrimonio biocultural maya
El tercer asunto, SEFA 225/2026, proviene de comunidades mayas de Hopelchén, Campeche, donde habitantes han documentado durante varios años la muerte masiva de abejas relacionada con el uso de plaguicidas, entre ellos fipronil y neonicotinoides.
Las comunidades buscan que la abeja melipona sea reconocida como sujeto de derechos o como un elemento jurídico de protección especial, debido a su importancia ecológica y al vínculo histórico que mantiene con la cultura maya.
La petición considera que la meliponicultura forma parte de un patrimonio biocultural construido durante siglos, relacionado con la alimentación, los conocimientos tradicionales, las prácticas rituales y la identidad de las comunidades.
Durante la discusión para atraer el caso, ministros de la SCJN destacaron que el asunto abre la posibilidad de revisar la relación entre los pueblos indígenas y la naturaleza desde una perspectiva distinta a la tradicional protección centrada únicamente en los beneficios para las personas.
El ministro Arístides Rodrigo Guerrero García señaló que el caso permitiría analizar la relación entre la abeja melipona y la identidad económica y cultural de las comunidades mayas, así como revisar la regulación sobre fumigaciones aéreas y la protección de especies polinizadoras.
El ministro Irving Espinosa destacó que el asunto permitirá estudiar si las comunidades indígenas pueden ser reconocidas como guardianas de la naturaleza y acudir a juicio en representación de los ecosistemas con los que mantienen una relación ancestral.
Por su parte, el ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía consideró que el caso trasciende intereses individuales al involucrar derechos colectivos y el equilibrio ecológico nacional, mientras que el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz resaltó la importancia del concepto de bioculturalidad reconocido en el artículo 2 constitucional.
Un posible precedente para la justicia ambiental
Las organizaciones que acompañan a las comunidades señalaron que la decisión de la SCJN abre una oportunidad histórica para fortalecer la protección de los pueblos indígenas, los ecosistemas y el patrimonio biocultural de México.
Indicaron que las resoluciones que emita la Corte podrían definir el alcance de los derechos de la naturaleza, el reconocimiento de los pueblos indígenas como custodios de sus territorios y las obligaciones del Estado para prevenir daños ambientales.
“Ante el urgente desgaste y peligro ambiental que vivimos en la península, la SCJN elija, junto con nosotros, proteger la vida del pueblo y la península maya”, expresaron el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes y el Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal A.C..
