Se fue la peste de Santa María Chi, pero llegó a Molas
Rogelio Narváez denuncia que cerdos e infraestructura retirados de Santa María Chi fueron trasladados a granjas que rodean Molas, una zona estratégica para la reserva hídrica que abastece a Mérida; persisten el paso de camiones, los malos olores y las molestias para las comunidades.
Por David Rico
Mérida, Yucatán, a 9 de septiembre de 2026.- Lo que para Santa María Chi significó el retiro de miles de cerdos y el desmantelamiento de una granja que durante años fue señalada por habitantes y organizaciones por sus impactos ambientales, para comunidades de los alrededores de Molas representa ahora el traslado de parte de esa actividad hacia su territorio.
Rogelio Narváez, habitante de Molas, denunció que después del cierre de la granja de Santa María Chi los cerdos y parte de la infraestructura retirada de ese sitio fueron trasladados hacia otras unidades porcícolas ubicadas en los alrededores de Molas, particularmente hacia zonas que identificó como Tepacal y San Antonio.
De acuerdo con su testimonio, la actividad porcícola se distribuyó entre distintas granjas después del retiro de los animales de Santa María Chi. Señaló que en la zona existen numerosas naves y que los cerdos se encuentran a unos 15 kilómetros de Molas.
El problema, dijo, no se limita a la presencia de los animales. También está el movimiento de camiones que transportan alimento y otros materiales, así como los olores y las molestias que genera el tránsito de vehículos pesados por caminos utilizados por habitantes de las comunidades.
Narváez recordó que los vecinos llegaron a realizar una movilización precisamente por el paso de los camiones. Explicó que éstos circulaban por zonas donde existen pequeños comercios y puestos de comida, lo que hacía especialmente molesta la situación por los olores y las condiciones que dejaban a su paso.
La protesta tuvo un resultado concreto, afirmó: los camiones dejaron de utilizar la ruta que atravesaba directamente la zona habitada y ahora toman otra vía. Según explicó, actualmente salen hacia Camino Blanco y realizan un recorrido que pasa por Tzacalá y el antiguo crucero de la línea del ferrocarril antes de llegar a Molas.
Aunque aseguró que el tránsito de camiones disminuyó, advirtió que el problema no desapareció. La actividad porcícola continúa en los alrededores y los habitantes observan con preocupación que lo retirado de Santa María Chi pueda terminar concentrándose en otras comunidades.
Narváez también señaló a San Gerardo como la empresa relacionada con las granjas de la zona y sostuvo que se trata de la misma empresa que operaba en Santa María Chi. Esa referencia forma parte de su denuncia y deberá ser contrastada con la documentación correspondiente de las unidades porcícolas.
El habitante de Molas describió además la existencia de una unidad con alrededor de 10 naves y otra zona, hacia Tepacal, donde identificó aproximadamente 25 naves. Para los pobladores, el crecimiento o permanencia de estas instalaciones adquiere especial relevancia por la ubicación de Molas dentro de una zona estratégica para la reserva hídrica de Mérida.
El señalamiento coincide con otra parte del testimonio de Wilbert Nahuat, comisario de Santa María Chi, quien explicó que durante el desmantelamiento de la granja sólo habían sido retiradas cinco de las 72 naves y que la comunidad detectó que materiales estaban siendo trasladados hacia la zona de Molas.
El cierre de la granja de Santa María Chi fue ejecutado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), después de un procedimiento que concluyó con el retiro de 41 mil 570 cerdos. La dependencia también impuso una multa de 18 millones 668 mil 100 pesos y estableció que la empresa debía presentar un estudio de daño ambiental para determinar las acciones correctivas y de compensación correspondientes.
En Santa María Chi, sin embargo, la discusión no ha terminado. La comunidad sostiene que todavía está pendiente conocer con claridad el alcance de los daños y cómo serán reparados.
En Molas, mientras tanto, la preocupación es que el cierre de una granja haya significado solamente el desplazamiento de los cerdos, los camiones y parte de la infraestructura hacia otras unidades ubicadas en torno a una zona fundamental para el agua de Mérida.
La pregunta que queda abierta para las autoridades ambientales es si el retiro de una instalación que incumplió disposiciones ambientales está resolviendo el problema de fondo o simplemente está trasladando sus impactos hacia otras comunidades.
